Desde finales de años ochenta la cuestión del derecho o el deber de injerencia se ha convertido en un debate de primer orden en el ámbito internacional. La injerencia sólo puede entenderse como una relación –entre el que lleva a cabo y el que padece la injerencia– que desencadena una serie de reacciones. En el ámbito internacional, el derecho hace del principio de no injerencia en los asuntos internos uno de los fundamentos del orden mundial. De modo que, a priori, toda injerencia es ilegal, e ilegítima. Además, ¿puede haber injerencias apolíticas? Toda acción humanitaria, por desinteresada que sea, no puede apartarse de las dinámicas políticas, que influyen radicalmente en ella. En este final del siglo XX, la democracia (en su concepción occidental) tiende a difundirse por todo el mundo; se establece en el marco de estados soberanos y, por lo tanto, implica infinidad de injerencias, aunque sólo sea como garantías últimas de su buen funcionamiento. Entonces, ¿cuál es el futuro de la injerencia? Sin duda van a proliferar unos sistemas especializados de injerencia, pero la creación de un sistema global que, de hecho, equivaldría a un Estado mundial, no sólo es imposible, sino también peligrosa.

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