La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, aborda -por primera vez y de forma estrictamente sectorial- el régimen jurídico de la subcontratación y establece una serie de garantías dirigidas a evitar que la falta de control en esta forma de organización productiva ocasione situaciones objetivas de riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.

Las novedades más significativas se centran, en primer lugar, en el establecimiento de severas limitaciones al encadenamiento de contratos; en segundo lugar, en la exigencia de unos requisitos de calidad o solvencia a las empresas que vayan a actuar en este sector, abordando la obligatoriedad de que las empresas contratistas y subcontratistas tengan un mínimo de trabajadores fijos en sus plantillas de forma progresiva -el 30% en 2010- y exigiendo la formación en materia de seguridad tanto a las empresas -con acreditaciones específicas- como a los trabajadores; y, en tercer lugar, introduciendo los mecanismos adecuados de transparencia en las obras de construcción mediante determinados sistemas documentales.