Abreviaturas más utilizadasDelimitación del tema objeto de estudio
Capítulo I
La intervención de la Administración en las relaciones de trabajo
I. Introducción
1. La histórica presencia de la Administración en las relaciones de trabajo: algunas razones
2. La dual naturaleza del Derecho del Trabajo
3. La Administración en el modelo constitucional de relaciones de trabajo
4. ¿Disminución de la intervención administrativa o nuevas formas de intervención?
II. Las funciones de la Administración de Trabajo: modalidades de actuación
1. La actividad administrativa de policía o de limitación
2. La actividad de fomento
3. La actividad de prestación o de servicio público
4. La funciones cuasi-jurisdiccionales de la Administración: la actividad sancionatoria
5. Las funciones cuasi-jurisdiccionales de la Administración: la actividad arbitral
5.1. Jurisdicción y Administración
5.2. Jurisdicción y arbitraje
6. La Administración como empleadora
6.1. Notas sobre la actividad contractual de la Administración
6.2. El personal funcionario
6.3. El personal estatutario
6.4. El personal laboral
Capítulo II
La actividad parajudicial de la Administración de Trabajo. Su incidencia en el reparto de
competencias entre el orden social y el contencioso-administrativo
I. Algunas cuestiones previas
II. La declaración de peligrosidad, toxicidad o penosidad de puestos de trabajo
1. Marco normativo del conflicto
2. Marco jurisprudencial del conflicto
III. La autorización administrativa de los despidos colectivos
1. El sistema de autorización administrativa: antecedentes. Normativa comunitaria y Derecho
Comparado: apuntes
2. El sistema de autorización administrativa. Alternativas
3. La intervención administrativa en los despidos colectivos: ¿Autorización o actividad
arbitral?
4. El control judicial de la autorización y cuestiones anexas: una mención especial a la
competencia en materia de impugnaciones dirigidas contra la concreta selección de los
trabajadores afectados por el expediente de regulación
IV. Los Decretos sobre servicios mínimos
1. Introducción
2. Legitimidad y alcance de la intervención administrativa en la huelga en servicios
esenciales. El art. 10.2 del RDLRT y su fundamento constitucional
3. Los Decretos de servicios esenciales: naturaleza jurídica y eficacia
3.1. Las resoluciones administrativas que califican como esencial un servicio o actividad
productiva
3.2. Las resoluciones administrativas que determinan los servicios mínimos
4. La impugnación de las resoluciones administrativas en materia de huelga en servicios
esenciales. Jurisdicción competente
5. La orden empresarial que designa a los trabajadores que han de prestar los servicios
mínimos: Naturaleza jurídica. Régimen jurídico de impugnación
5.1. La indelegabilidad de la potestad de la autoridad gubernativa
5.2. Naturaleza jurídica de la orden empresarial que ejecuta los servicios mínimos
impuestos por la autoridad gubernativa
5.3. Jurisdicción competente
6. Algunas reflexiones
V. El arbitraje obligatorio del art. 10.1 del RDLRT
1. El art. 10.1 del RDLRT y su fundamento constitucional
2. La intervención administrativa: legitimidad y alcance
2.1. Ámbito objetivo
2.2. La designación del árbitro
2.3. La reanudación de la actividad
3. Las resoluciones administrativas dictadas al amparo el art. 10.1: naturaleza jurídica
3.1. El acto de establecimiento del arbitraje obligatorio
3.2. El acto de designación del árbitro
3.3. El laudo arbitral
4. La impugnación del arbitraje obligatorio: jurisdicción competente
4.1. La impugnación de la resolución administrativa que establece el arbitraje obligatorio
4.2. La impugnación de la designación del árbitro
4.3. La impugnación del Laudo Arbitral
5. Notas en torno al arbitraje obligatorio de la Disposición Transitoria 6.ª del ET
Capítulo III
La problemática delimitación de competencias entre el orden social y el
contencioso-administrativo: las bases del problema
I. La cuestión antes de la Ley Orgánica del Poder Judicial
1. La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de
1956
1.1. El artículo 1.1 y el 2.a)
1.2. La «sujeción al Derecho administrativo»
1.3. La eterna distinción entre acto y reglamento. Su funcionalidad
2. La Ley de Procedimiento Laboral de 13 de junio de 1980
II. La Ley Orgánica del Poder Judicial: El artículo 9 y el concepto de «Rama social del
Derecho»
1. El papel ordenador de la LOPJ: algunas cuestiones previas
2. La nueva funcionalidad de la expresión «rama social del derecho»
3. «Las reclamaciones en materia de Seguridad Social»
4. «Las reclamaciones contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación
laboral». El FOGASA: los perfiles de un conflicto ya superado
III. La Ley de bases de procedimiento laboral de 1989 y su texto articulado
1. La modificación de la cláusula de cierre del art. 2 LPL
2. Una dificultad añadida: el perturbador artículo 3.º
2.1. La exclusión «de las pretensiones que versen sobre la impugnación de los actos de las
administraciones públicas sujetos al derecho administrativo en materia laboral»
2.2. La exclusión de los actos de «gestión recaudatoria»
2.2.1. Algunas cuestiones previas
2.2.2. El contenido de la «materia de Seguridad Social» desde la jurisprudencia
2.2.3. Notas en torno al concepto de «gestión recaudatoria»
2.2.4. Notas en torno al alcance y límites de la atribución de la «gestión recaudatoria»
al orden contencioso-administrativo
2.3. La exclusión de los derechos de libertad sindical y de huelga de los funcionarios
públicos y del personal estatutario: una mención especial a la declaración de nulidad del
último inciso del art. 3.c) por la STS (3.ª) de 3 de octubre de 1997
2.3.1. Introducción
2.3.2. La referencia al personal estatutario
2.3.3. El ámbito material de la exclusión: las pretensiones de tutela de los derechos de
libertad sindical y de huelga
1) Los efectos perversos de la exclusión: una mención especial a la competencia en
materia de impugnación de los llamados acuerdos mixtos
2) Una vez más, el personal estatutario
2.3.4. La declaración de nulidad del último inciso del art. 3.c)
Capítulo IV
El texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral de 1995. Una mención especial a
las modificaciones introducidas por la Ley 11/1994 y por la Ley 29/1998, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa
I. La Ley 11/1994 y el alumbramiento del texto de 1995: un paso más en la delimitación del
ámbito competencial del orden social de la jurisdicción
1. La nueva letra n) del artículo 2 de la LPL y la competencia del orden social en materia
de denegación de registro de actas electorales
1.1. Los perfiles de un viejo conflicto
1.2. El alcance de la reforma. Algunas cuestiones pendientes
2. La supresión de la exigencia de autorización administrativa en los traslados,
modificación sustancial de condiciones y despidos económicos individuales y/o plurales
II. La Ley 29/1988, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa: una mención
especial a la incidencia de su art. 2.e) en la atribución de competencia para conocer de las
reclamaciones sobre responsabilidad derivada de la incorrecta prestación de asistencia
sanitaria así como a la modificación del art. 3.º de la LPL
1. Introducción
2. La nueva redacción de los artículos 1 a 3 de la ley 29/1998. Una mención especial a la
competencia en materia de reclamaciones sobre responsabilidad derivada de la incorrecta
prestación de servicios sanitarios así como a las dificultades derivadas del juego del art.
2.e) de la LJCA en relación con el art. 2.e) y f) de la LPL
2.1. El Texto del 56 y el del 98: algunas valoraciones
2.2. El art. 2.e) de la Ley 29/1998 y el art. 9.4 de la Ley Orgánica 6/1998: La
competencia en materia de reclamaciones sobre responsabilidad derivada de la incorrecta
prestación de servicios sanitarios
2.2.1. Marco normativo del conflicto
2.2.2. Marco jurisprudencial del conflicto
2.2.3. El artículo 2.e) de la Ley 29/1998 y la Disposición Adicional 12.ª de la Ley
4/1999: ¿el final del conflicto?
3. La Disposición Adicional Quinta de la ley 29/1998 y la nueva redacción del artículo 3.º
de la LPL
3.1. La competencia del orden social de la jurisdicción en materia de «regulación de
empleo» y traslados colectivos
3.1.1. Algunas cuestiones previas
3.1.2. El nuevo artículo 3.2.b) de la LPL
1) ¿Regulación de empleo?
2) La intervención administrativa en los traslados colectivos
3.1.3. La nueva regulación: algunas cuestiones pendientes
1) El procedimiento de oficio ex art. 146.b) de la LPL
2) ¿La entrada en vigor de la reforma?
3) «Normas transitorias»
4) Otras cuestiones
3.2. La competencia del orden social en materia de impugnación de sanciones por
infracciones de orden social
3.2.1. La potestad sancionatoria de la Administración: Algunas cuestiones previas
3.2.2. El nuevo art. 3.2.a) de la LPL
1) La exclusión de «las actas de liquidación y de infracción»
2) El futuro del procedimiento de oficio a propósito de las resoluciones administrativas
inspectoras y sancionatorias
3.2.3. Algunas valoraciones
Capítulo V
La duplicidad de órdenes jurisdiccionales y los conflictos de competencias entre el orden
social y el contencioso-administrativo. Algunos criterios de delimitación
I. Introducción
II. La distinción entre cuestiones «laborales» y cuestiones «administrativas» y los
criterios anejos
1 «Derecho administrativo laboral» versus «Derecho privado del Trabajo»
2. La naturaleza de la intervención administrativa como criterio de atribución de
competencias: de nuevo, la actividad arbitral de la Administración
3. La naturaleza jurídica de la resolución impugnable como criterio de atribución
III. La técnica de las cuestiones prejudiciales y el criterio de los actos separables
1. La técnica de las «cuestiones prejudiciales». El conocimiento prejudicial «contencioso»
de «cuestiones laborales»
1.1. Contenido y alcance
1.2. La vinculación del conocimiento prejudicial contencioso a lo resuelto por el Orden
Social
2. La teoría de los actos separables. Una mención especial a la competencia en materia de
revisión de las incidencias surgidas en los concursos y oposiciones del personal laboral al
servicio de las Administraciones Públicas
IV. La Sala de Conflictos del Tribunal Supremo y la eficacia jurídica de sus resoluciones
1. Algunas cuestiones previas
2. La regla general: la ineficacia de las resoluciones de la Sala de Conflictos como
criterio de ordenación
3. La excepción: el papel ordenador de algunos Autos
Conclusiones
I. Las causas del conflicto
II. El fracaso de los «remedios» alternativos
III. La actualidad de un viejo remedio nunca aplicado: La conveniencia de la remisión de la
impugnación de los actos administrativos laborales al Orden Social de la jurisdicción. Algunas
razones
Bibliografía citada
