Partiendo de una serie de clasificaciones (entidades constituidas en España y entidades constituidas en el extranjero; aquéllas que realizan una actividad económica y las que no, y entidades con presencia en España o sin presencia en nuestro territorio), se elabora el régimen jurídico tributario que deberá aplicarse a cada uno de sus miembros, creando lo que podríamos denominar una «tributación a la carta» en función de su condición (persona física, persona jurídica) y su residencia (residentes, no residentes). Al mismo tiempo, se impide la compensación de rentas que provengan de Estados con los cuales no hay intercambio de información, se establece la obligación de practicar retención por parte de los sujetos que realicen pagos a estas entidades y se crean una serie de deberes formales para estos entes. Asimismo, se configura a las entidades constituidas en el extranjero y con presencia en España, como auténtico sujeto pasivo del IRNR.