prólogo
abreviaturas
presentación
IntroducciónCapítulo I
El estatuto de roma como tratado internacional y su consecuencia jurídicas para los estados
1. EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL
1.1. El enjuiciamiento de los crímenes cometidos en la I Guerra Mundial
1.1.1. La Comisión sobre la responsabilidad de los autores de la guerra y sobre la aplicación de
penas por la violación de las leyes y costumbres de la guerra de 1919
1.1.2. El Tratado de Versalles y la ineficacia de sus disposiciones
1.2. Los Tribunales Militares Internacionales establecidos tras la II Guerra Mundial: sus errores y
aportaciones
1.2.1. Las propuestas de Tribunales Internacionales del período de entreguerras
1.2.2. Los Tribunales Militares Internacionales de la II Guerra Mundial: el primer paso de la
institucionalización de la justicia penal internacional
1.3. Los trabajos de las Naciones Unidas para la creación de una corte penal internacional
1.3.1. La propuesta de una Corte Penal Internacional al hilo de la formulación de los Principios de
Nuremberg
1.3.2. La Corte Penal Internacional y las propuestas de codificación de normas sustantivas de Derecho
Internacional Penal
1.3.3. El tratamiento autónomo de la cuestión de la jurisdicción penal internacional
1.3.4. El proceso de elaboración y adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional
1.4. La constitución de los tribunales penales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda y sus
lecciones de futuro para la Corte Penal Internacional
1.5. La Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios para el Establecimiento de una Corte Penal
Internacional
2. LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA CPI: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD AL TRATADO
INTERNACIONAL
2.1. La importancia del método de creación
2.2. El establecimiento de la CPI como un órgano judicial principal de las Naciones Unidas
2.3. La creación de la CPI como órgano subsidiario en el marco de las Naciones Unidas
2.3.1. La resolución del Consejo de Seguridad
2.3.2. La resolución de la Asamblea General
2.4. El Tratado como procedimiento definitivo de constitución de la Corte
3. EL CONSENTIMIENTO ESTATAL EN LA «VIDA» DEL ESTATUTO
3.1. Los métodos de trabajo de la Conferencia de Codificación
3.2. El régimen de entrada en vigor
3.3. La limitación en los efectos del Tratado: el régimen de reservas y la disposición transitoria
3.3.1. El régimen de reservas
3.3.2. La disposición transitoria del art. 124
3.4. El régimen de enmienda y modificación del Estatuto
4. LOS EFECTOS DEL ESTATUTO DE ROMA MÁS ALLÁ DE LOS ESTADOS PARTES
4.1. La concurrencia del Estatuto de Roma con otros tratados
4.2. El Estatuto de Roma y los Estados no Partes
5. LA INCIDENCIA DEL ESTATUTO EN LOS ORDENAMIENTOS INTERNOS DE LOS ESTADOS PARTES Y EL PROCESO DE
RATIFICACIÓN. EL CASO DE ESPAÑA
5.1. Introducción
5.2. El proceso de ratificación del Estatuto de Roma
5.3. Las inmunidades del Estatuto de Roma
5.4. La reclusión a perpetuidad
Capítulo II
La corte penal internacional como organización internacional
1. LA CPI COMO ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA
2. LOS ESTADOS MIEMBROS
3. LOS FINES Y PODERES DE LA CPI
3.1. Los fines de la CPI
3.1.1. La Competencia material de la CPI
3.1.2. La competencia ratione personae de la CPI
3.1.3. La competencia ratione temporis y ratione loci de la CPI
3.2. Los poderes de la CPI
4. ESTRUCTURA ORGÁNICA
4.1. La Asamblea de los Estados Partes
4.2. Los órganos jurisdiccionales
4.2.1. La Presidencia
4.2.2. Las Secciones Judiciales
4.2.3. La Fiscalía
4.2.4. La Secretaría
5. LA FINANCIACIÓN DE LA CORTE
6. EL ACUERDO DE SEDE
7. EL ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
8. LA RELACIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL CON LAS NACIONES UNIDAS
8.1. La evolución de la cuestión
8.2. El proyecto de Acuerdo de relación entre la Corte y las Naciones Unidas
8.3. La relación de los órganos de las Naciones Unidas con la CPI
8.3.1. El papel del Consejo de Seguridad en la Corte Penal Internacional
8.3.2. El Secretario General de las Naciones Unidas como depositario del Estatuto de la CPI
8.3.3. La relación de la CPI con el Tribunal Internacional de Justicia y la solución de controversias
Capítulo III
El ejercicio de la jurisdicción por la CPI y la soberanía estatal (I). Las condiciones previas para
el ejercicio de la jurisdicción
1. LOS POSIBLES MODELOS JURISDICCIONALES PARA LA CPI
2. LOS LÍMITES MATERIALES DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORTE. LOS UMBRALES DE LOS CRÍMENES
2.1. Introducción
2.2. El umbral general de los crímenes de la competencia de la Corte
2.3. El umbral específico para los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad
2.3.1. El polémico umbral de los crímenes de guerra
2.3.1.1. El umbral genérico
2.3.1.2. El umbral para los conflictos armados internos
2.3.2. El umbral alternativo para los crímenes contra la humanidad
3. LOS LÍMITES FORMALES DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORTE: ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA Y NEXOS JURISDICCIONALES
3.1. Introducción
3.2. Las fórmulas diferenciadas de atribución de la competencia a la CPI en el Estatuto.
3.2.1. Características del sistema de atribución de la competencia a la CPI establecido en el
Estatuto de Roma
3.2.2. El caso especial de la activación de la competencia de la CPI por parte del Consejo de
Seguridad
3.2.3. La moratoria para los crímenes de guerra
3.3. Los nexos jurisdiccionales
3.4. Las consecuencias del sistema de atribución de la competencia de la CPI respecto de terceros
Estados
4. LOS MECANISMOS DE ACTIVACIÓN. LA PUESTA EN MARCHA DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORTE
4.1. Introducción
4.2. El Estado como impulsor del procedimiento ante la Corte
4.3. El Consejo de Seguridad y la activación de la jurisdicción de la Corte
4.3.1. El poder del Consejo de Seguridad de activar la jurisdicción de la Corte
4.3.2. La remisión de una «situación» por parte del Consejo de Seguridad a la CPI
4.3.3. Las condiciones de remisión de una situación por el Consejo de Seguridad a la CPI
4.3.4. Las repercusiones de la activación de la jurisdicción de la CPI por el Consejo de Seguridad
4.3.5. El poder de suspensión de la actividad jurisdiccional de la CPI por parte del Consejo de
Seguridad
4.3.6. El papel del Consejo de Seguridad respecto del crimen de agresión
4.4. La Fiscalía: una peculiar forma de activación de la Corte
Capítulo IV
El ejercicio de la jurisdicción por la CPI y la soberanía estatal (II). el principio de
complementariedad
1. EL TRATAMIENTO DE LA COMPLEMENTARIEDAD EN EL ESTATUTO DE ROMA
2. EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN COMPLEMENTARIA POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL: LAS CLÁUSULAS DE
SALVAGUARDIA DE LA SOBERANÍA ESTATAL Y DE LOS VALORES DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
2.1. La Corte Penal Internacional y su competencia de la competencia
2.2. La regulación de la admisibilidad como cláusula de salvaguardia de la soberanía estatal. Las
causas de inadmisibilidad
2.2.1. La incapacidad de los sistemas judiciales nacionales para conocer de un asunto
2.2.2. La falta de disposición de los sistemas judiciales nacionales para conocer de un asunto
3. MECANISMOS PROCESALES PARA PRESERVAR EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN POR LOS TRIBUNALES NACIONALES
3.1. La inhibición del Fiscal
3.2. La impugnación de la admisibilidad de la causa y de la competencia de la Corte
4. EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA. LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA E INHIBICIÓN
5. LA INCIDENCIA DE LA COMPLEMENTARIEDAD EN LOS ORDENAMIENTOS INTERNOS. ESPECIAL REFERENCIA AL
ORDENAMIENTO INTERNO ESPAÑOL
5.1. La conveniencia u obligatoriedad de adaptación de las legislaciones internas al Estatuto: una
manifestación del principio de complementariedad
5.2. La adaptación del Derecho penal sustantivo
5.2.1. Las definiciones de los crímenes
5.2.2. Los Principios Generales de Derecho Penal
5.2.3. Las penas
5.2.4. El supuesto especial de la jurisdicción militar
5.2.5. Análisis de la práctica en el desarrollo y reforma de las normas sustantivas de los
ordenamientos internos
5.2.6. La reforma del ordenamiento interno español: necesaria pero insuficiente
5.3. El principio de justicia universal. La influencia del Estatuto de Roma en las legislaciones
internas, con especial referencia a España
5.3.1. Jurisdicción universal y jurisdicción penal internacional
5.3.2. Los efectos de la Ley española universal consagrado en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial
Capítulo V
La cooperación judicial y penitenciaria de los estados con la corte penal internacional
1. LA COOPERACIÓN CON LA CORTE EN EL ESTATUTO DE ROMA: CUESTIONES GENERALES
1.1. El modelo de cooperación establecido en el Estatuto de Roma
1.1.1. Un modelo de cooperación a caballo entre la horizontalidad y la verticalidad
1.1.2. La especificidad del modelo de cooperación del Estatuto de Roma
1.2. Las obligaciones de cooperación oponibles al Estado
1.2.1. Deberes para los Estados Partes en el Estatuto
1.2.2. Deberes de los Estados no Partes en el Estatuto
1.2.2.1. El fundamento jurídico de la obligación de cooperar de los Estados no Partes con la CPI
1.2.2.2. Las obligaciones específicas de cooperación de los Estados no Partes con la CPI
2. LA COOPERACIÓN Y ASISTENCIA JUDICIAL CON LA CORTE
2.1. La obligación general de cooperación judicial
2.2. La entrega de personas
2.2.1. La obligación estatal de detención y entrega
2.2.2. Las causas de denegación de la entrega
2.2.2.1. Solicitudes concurrentes de cooperación
2.2.2.1.1. Solicitudes concurrentes por un mismo crimen
2.2.2.1.2. Solicitudes concurrentes por diferentes crímenes
2.2.2.2. El problema de las inmunidades y los «acuerdos de impunidad»
2.2.3. El principio de especialidad
2.3. La cooperación en la conducción de la investigación y el enjuiciamiento de los responsables
2.3.1. Las formas de asistencia judicial a la Corte
2.3.2. Las garantías en la prestación de asistencia
2.3.3. El cumplimiento de las solicitudes de asistencia. Las facultades del Fiscal
2.3.4. El Derecho aplicable
2.3.5. Las causas de incumplimiento de las solicitudes de asistencia
2.3.6. Las causas de aplazamiento de la ejecución de una solicitud de asistencia
2.4. La negativa a cooperar con la Corte. Régimen de responsabilidad derivado
2.5. La promulgación de leyes internas de cooperación judicial con la CPI. El caso español
2.5.1. Las distintas leyes de cooperación con la CPI
2.5.2. Un análisis crítico de la Ley de Cooperación española
3. LA NATURALEZA DE LA SENTENCIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y LA COOPERACIÓN PENITENCIARIA DE LOS
ESTADOS PARTES PARA SU EJECUCIÓN
3.1. Introducción
3.2. Naturaleza jurídica de las penas y su imposición
3.2.1. La naturaleza jurídica de las penas. Su carácter ejecutorio
3.2.2. La imposición de las penas.
3.3. El sistema de ejecución de las penas de la CPI por los Estados. Especial referencia a las penas
privativas de libertad
3.3.1. El mecanismo de aceptación de prisioneros «opting in». La ejecución de las penas privativas de
libertad
3.3.2. La colaboración estatal en la ejecución de las penas de contenido económico
3.3.3. El principio de especialidad y su aplicación a la ejecución de las penas
3.3.4. El papel de las autoridades nacionales respecto de la revisión de las penas
3.3.5. La colaboración estatal en caso de fuga y evasión
3.4. La ejecución de las penas de la CPI y los ordenamientos nacionales
3.4.1. El art. 80 del Estatuto de Roma
34.2. Las penas más problemáticas: la pena de muerte y la cadena perpétua
3.4.3. Las reformas en las legislaciones internas para el cumplimiento de las penas
Conclusiones
Bibliografía
