La transformación del Estado franquista en la actual España como sociedad democrática avanzada fue el resultado de un largo proceso de transición, en el que, de manera paulatina y aprovechando las políticas lampedusianas de los políticos del régimen, las reivindicaciones de los grupos de la oposición democrática fueron cobrando una mayor realidad y presencia en la comunidad, hasta plasmarse, con el célebre consenso, en la vigente Constitución. De esta suerte, bien puede decirse que la Constitución es la expresión normativa del deseo de cambio político de la mayoría de los españoles y que, como tal, viene a resolver de manera, con carácter general, adecuada el proceso de institucionalización de la Democracia entre nosotros. Ahora bien, si esto es así no puede decirse lo mismo en cuanto a la institucionalización de la autonomía. La falta de un verdadero acuerdo en torno a la problemática de la distribución, territorial y funcional, del poder político, así como las dudas y vacilaciones que los distintos grupos tuvieron en la elaboración del infeliz Título VIII, ha deparado la creación de una forma de Estado: el Estado de las Autonomías, cuya propia naturaleza ha sido, y es, muy discutida por los prácticos y los teóricos de la política. Una de sus características principales es la de que, al quedar abierto e indeterminado el modelo de Estado en el Texto Constitucional, la regulación de la vida política fundamental del Estado se encuentre en la Constitución de 1978 y en los Estatutos de Autonomía que, como leyes materialmente constitucionales, la completan y desarrollan. Cabe así hablar de la existencia de una «Constitución del Estado de las Autonomías», cuyos problemas básicos trata de desentrañar el presente volumen.

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