La rigidez terminológica del artículo 219 de la LGT ha supuesto ya diversos problemas de aplicación de la norma citada al caso concreto que, a mayor abundamiento, no han encontrado una adecuada solución en el texto del Reglamento General de Revisión aprobado con posterioridad. Nos referimos a aspectos tan interesantes, no sólo desde el punto de vista teórico sino también práctico, como son los actos tributarios susceptibles de revocación --y principalmente, la posibilidad de revocar resoluciones de reclamaciones económico-administrativas--, los motivos que la fundamentan --considerados excesivamente precisos--, y los límites que la sustentan.

Por otro lado, el procedimiento de revocación regulado en el texto reglamentario presenta ciertas deficiencias que ya han obligado a dictar normas complementarias para conocer algunos aspectos del mismo --la más reciente para determinar el órgano encargado de tramitar dicho procedimiento--.