El problema reside en que algunas de las mencionadas condiciones no se cumplen satisfactoriamente, tal y como acontece, entre otras, en relación con la previsión legal de determinados mecanismos de lucha contra la criminalidad organizada lesivas del domicilio constitucional, como la instalación de aparatos de escucha y grabación de la imagen en su interior o la entrada de un agente encubierto; respecto del domicilio ex artículo 18.2 CE de las personas jurídicas, en cuanto a la gravedad de los delitos cuya investigación justifica una entrada y registro domiciliario, así como sobre el tratamiento procesal de los descubrimientos casuales.