En los últimos quince años, la formación continua en España ha evolucionado desde una formación escasa y considerada como un gasto financiado por las empresas de un modo privado, a una formación en crecimiento, bonificada o subvencionada, y con un alto grado de participación y control de los advenedizos sindicatos UGT y CC.OO. y de la patronal CEOE y CEPYME. El eje o pilar de toda normativa que regule la formación continua debería ser el desarrollo profesional de los trabajadores y su adecuación a las necesidades de las empresas, pero de un modo equivocado las exigencias se han centrado en los aspectos documentales que demuestren mediante papeles que los participantes de las acciones formativas cumplen unos requisitos diseñados por unos supuestos expertos, o en el método para solicitar en periodo de convocatoria la subvención con el objetivo de obtener la máxima financiación, y todo ello con el apoyo de unas empresas también advenedizas llamadas gestoras o consultorasde formación. Los departamentos de personal de las empresas, las tradicionales academias o los modernos centros de estudios, han desarrollado una labor accesoria en todo el sistema de formación continua, relegados y desplazados por intermediarios o mayoristas de la formación que controlan la financiación y los instrumentos de gestión e impartición. Estas entidades y empresas aterrizadas han tramitado en los últimos 10 años más de 1.500.000 de cursos (grupos formativos comunicados), sin tener medios, aulas e instrumentos adecuados y por ello se han visto obligados a crear marcas blancas tipo Forem, Ifes o Fondo Formación, o subcontratar a los residuales centros de formación, que sí que poseen la experiencia y los recursos necesarios.Por otro lado, debido a la obligada descentralización del Estado, el protagonismo de la formación continua lo adquirieren las Comunidades Autónomas y los agentes sociales de ámbito regional, que con grandes dosis de voluntarismo tienden a la cualificación profesional de los trabajadores, homologación de certificados y validación de los cursos y de la experiencia laboral demostrable.
El gran cambio se produce en 2004 cuando aparece la Formación Bonificada y se abre una ventana o tragaluz para que las empresas puedan organizar de un modo independiente su propia formación, y al mismo tiempo puedan participar los verdaderos profesionales mediante el instrumento de la entidad organizadora.
El modelo de gestión ha sido el más agraviado y pisoteado por todos los agentes que viven del comedero, pero su crecimiento es estable y el grado de calidad y eficiencia infinitamente mayor que los cursos del mimado modelo de oferta o contratos programa.
Con un año de retraso, el 11 de abril de 2007 se publica en el BOE el Real Decreto 395/2007 que regula el subsistema de formación profesional para el empleo, y el 31 de julio la Orden Ministerial 2307/2007 de la formación de demanda (Formación Continua Bonificada), que junto a la aplicación informática de la Fundación Tripartita son los instrumentos legales y técnicos para que la Formación de Demanda se estabilice y sea un estímulo y acicate que permita que los profesionales del sector puedan trabajar sin pagar peajes. En los próximos años ( 2007 a 2010) existe un gran reto para los centros deestudios y los departamentos de recursos humanos de las empresas en competiren igualdad de condiciones con los lobbys de la formación: sindicatos, patronal,asociaciones de autónomos, cámaras de comercio, ayuntamientos, asociacionesde empresarios, fundaciones,. y para neutralizar y equilibrar el poder que estos llevados en palmas ejercen en los gobiernos nacionales y autonómicos.
