Las más de ocho mil entidades locales existentes tienen un régimen electoral y de funcionamiento específico que bien merece una dedicación exhaustiva con el objetivo de ofrecer una panorámica de conjunto que ayude a entender la compleja situación en la que se encuentran en el momento presente, a la que no es ajena la preocupación legislativa, como lo prueba la reciente aprobación de diversas normas sobre la organización y funcionamiento de los entes locales, desde la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales o la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que modifica, entre otras disposiciones legales, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, mociones de censura, cuestiones de confianza, gobiernos en funciones…) ) hasta llegar a la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, que ha entrado en vigor el primero de enero de 2004 y en cuya Exposición de Motivos se alude a “las exigencias de una vida local dinámica y rica, profundamente influida por las importantes transformaciones sociales, económicas y culturales que han venido experimentando los municipios españoles durante las últimas décadas”, antes de reconocer que “el objetivo último debe ser la elaboración de una nueva Ley de Bases de la Administración Local, que constituya un instrumento adecuado para que nuestros gobiernos locales afronten los complejos retos que les presentan los albores del siglo XXI”.