A este propósito se ha añadido un apéndice en el que se han incluido las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, en las que se han aclarado algunas cuestiones conflictivas, se han decantado posiciones ambiguas o se han confirmado (o rectificado) ciertas tesis avanzadas en la versión de 1994. Aquí se aprecia un progreso indudable que sería injusto desconocer, aunque el balance final es descorazonador puesto que los tribunales están dejando pasar los años sin decidirse a sentar criterios fijos que vayan reduciendo paulatinamente la enorme inseguridad jurídica que domina la práctica y que tanto desconcierta a los autores y, más aún a los propios ciudadanos, que con desesperante frecuencia no saben lo que pueden, o no pueden hacer ni las consecuencias de sus conductas.