En América Latina, uno de los mayores fracasos de los organismos financieros internacionales (FMI, BM, OMC-GATT) ha sido establecer políticas de ajuste dirigidas a la privatización de empresas y servicios públicos fundamentalmente con el objetivo de facilitar la entrada de inversión exterior y la consiguiente entrada de transnacionales. Las reformas del sector eléctrico en Centroamérica se proponían como la solución a los problemas de cobertura del servicio, calidad y tecnificación de la red, todo ello diseñado en un escenario perfecto de competencia que debería conducir a una reducción de las tarifas eléctricas.

La realidad es que los efectos provocados por los planes de liberalización y privatización de este sector en los diferentes países centroamericanos demuestran lo contrario de lo que se pregonaba. No sin motivo, los procesos de apertura en América Latina están sujetos a grandes críticas bajo la sospecha de dejar el control y el poder en manos de las transnacionales, que anteponen la implacable lógica de la rentabilidad en servicios tan esenciales como la energía eléctrica, presionando de una forma insoportable a economías domésticas indefensas y de escasos recursos. ¿Qué intereses hay detrás de estas reformas y a quienes benefician? Una pregunta que es a la vez reflexión y cuyas claves intenta desvelar este trabajo.

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