Desde la publicación de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956, ha sido una aspiración permanente realizar una adecuada coordinación entre el Registro de la Propiedad y la acción administrativa urbanística. La esperada reforma de la legislación hipotecaria para conseguir aquella coordinación se ha producido por medio del Real Decreto 109371997, de 4 de julio, en cuya virtud se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. La extensión de la materia ha impuesto la necesidad de dedicar una atención preferente a la ejecución del proyecto de equidistribución, en cuanto origina los actos negativos jurídicos de mayor transcendencia jurídico ­ real del proceso urbanístico, constituyendo el momento en que, con mayor claridad, el Registro de la Propiedad se manifiesta como un instrumento imprescindible para logra el adecuado desenvolvimiento y cumplimiento de los objetivos de dicho proceso.

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