La primera prueba documental de la existencia del Consulado de Burgos data de 1379 pero su jurisdicción no fue plenamente reconocida hasta 1494, durante el reinado de los Reyes Católicos.

Desde entonces, a lo largo del siglo XVI y con una administración muy sencilla, el Consulado de Burgos ejerció su jurisdicción con poder, por ejemplo para fletar naves, hacer préstamos a la monarquía o redactar ordenanzas. La promulgación del Código de Comercio de 1829 trasladó sus funciones a los tribunales ordinarios de comercio, poniendo fin a una historia de casi quinientos años.