El denominado "Ordenamiento de Alcalá" recopiló 58 leyes que incluían disposiciones tan novedosas como la libertad en la forma de contratación, la validez del testamento sin institución de heredero o el establecimiento de un orden de prelación que solucionaba el problema de la lucha entre las diversas legislaciones: primero, se aplicarían las leyes del "Ordenamiento de Alcalá", segundo, el "Fuero Juzgo" y los fueros municipales y nobiliarios en cuanto fueran usados y no se opusieran a aquéllas, y tercero, "las Partidas", como derecho supletorio, estableciéndose que sería el propio monarca quien resolviera cualquier duda en materia de interpretación.