Por eso, porque el Convenio vincula a las autoridades españolas y es una norma que contempla cómo amparar los derechos que proclama adquieren una enorme importancia las resoluciones del órgano encargado de esa tarea. Tal es el caso, desde luego, de las que condenan a España, ante las cuales sin duda alguna que los poderes públicos bien cesarán en actividad obsiativa al ejercicio del derecho, bien, en otro caso y con el concurso, a veces, de una ley adoptada al efecto, pondrán los medios necesarios para su prestación, cando así lo exija el Convenio. Aunque no menos interés revisten las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no estiman reprochable la conducta de los poderes públicos españoles denunciada en la demanda y carecen, por tanto, de un pronunciamiento condenatorio para España. Este es el caso también de todas las restantes decisiones y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la inmensa mayoría, como puede suponerse, recaídas en procedimientos tan ajenos por completo a nuestro país que éste ni siquiera ha sido parte en ellos, pues, en efecto, reúnen tanto atractivo e importancia como aquellas otras decisiones jurisprudenciales.