¿Cuál es la libertad de expresión de alguien que no puede hacerse escuchar? No es mucha, bien pensado, y Owen Fiss sugiere que esto es algo que concierne a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

En este libro, una maravilla de la capacidad de concienciación y elocuencia, el autor reanima el debate sobre la libertad de expresión para invitar a reflexionar sobre el papel de la Primera Enmienda que garantiza el debate público, es decir un debate, en palabras de William Brennan, "desinhibido, robusto y abierto".

Los discursos de difamación, de denuncia de pornografía, sobre los donativos para campañas electorales o sobre subvenciones a actividades artísticas dan lugar a una acalorada y a veces sobrecalentada lucha sobre tales asuntos. De esta manera se confronta con frecuencia la libertad, tal como está contemplada en la Primera Enmienda, con la igualdad garantizada por la Decimocuarta.

Fiss presenta una visión democrática de la Primera Enmienda que supera esta oposición. Si la participación igual es una condición previa para el debate público libre y abierto, entonces la Primera Enmienda orienta los valores tanto de la libertad como de la igualdad.

Analizando los efectos silenciadores de los discursos y su poder de imponerse, de intimidar al adversario de menor apoyo y representación o al que tenga una dicción menos afortunada, Fiss muestra cómo las exigencias de restricciones de gastos políticos o los discursos difamatorios pueden enjuiciarse o defenderse desde los términos de la Primera Enmienda y no a pesar de ella. De manera parecida, cuando el Estado exige a los medios de comunicación que emitan los discursos de la oposición o cuando subvenciona tipos de arte que ofrecen puntos de vista controvertidos o vanguardistas, está cumpliendo con su papel de proteger el autogobierno democrático contra las agregaciones de poderes privados que lo traicionen.

Aunque la mayoría de los liberales tachan al Estado como enemigo de la libertad y a la Primera Enmienda como represora, ésta nos recuerda que el Estado también puede ser amigo de la libertad, protegiendo y apoyando a aquellos discursos que, de otro modo, permanecerían inaudibles, privando a la democracia de la plenitud y riqueza de sus posibilidades de expresión.